Carta abierta del la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa

La actitud de los responsables del PP de Madrid tras la resolución judicial del caso Leganés, no ha podido ser más esclarecedora de la calaña y de las verdaderas intenciones de Lamela, Esperanza Aguirre y de toda la cúpula del PP.

En lugar de mostrar su satisfacción por la demostración judicial (la única válida en democracia) de que en el Severo Ochoa no se había actuado mal, los responsables del PP con doña Esperanza a la cabeza, han seguido empeñados en denigrar a los profesionales a pesar de haber sido declarados inocentes por la Justicia. Su posición de sostenerla y no enmendarla resulta tan perjudicial para el Sistema Sanitario Público que no puede explicarse sólo por el interés de escurrir el bulto de su responsabilidad en el caso; no sólo la de Lamela, también la de Esperanza Aguirre que en todo momento le apoyó en su actuación y que le ha mantenido en su gobierno a pesar de todo.

Para eludir sus responsabilidades sin seguir perjudicando a la Sanidad Pública, habría sido muy fácil fingir alegría por la sentencia y haber argumentado que hubieron de tomar decisiones dolorosas en defensa de los pacientes, aun estando convencidos de que en los centros sanitarios públicos a cargo de la Comunidad de Madrid los sistemas de control adecuados impiden actuaciones como la imputada a los médicos de Leganés. La mentira no nos habría convencido de la buena intención de su actuación de estos tres años, pero al menos hubiera trasmitido a la ciudadanía el mensaje claro de que en ningún Centro Sanitario Público es posible una práctica de homicidios sistemáticos, sencillamente porque todos los centros están sometidos a controles eficaces de la Consejería de Sanidad. Al no reaccionar así, los ciudadanos pueden seguir pensando legítimamente que la calidad del Sistema es tan lamentable, que menos mal que hubo en leganés un anónimo que paró el exterminio porque lo que es la Consejería, ni enterarse. Incluso es lícito pensar que si en otros hospitales no se han destapado actuaciones similares será por falta de denunciantes y no porque no hayan existido.

No parece buscar otra cosa el empeño del PP en seguir mintiendo y arrojando sombras sobre el Severo Ochoa con mensajes como que no se ha establecido la inocencia de los profesionales sino que no ha sido posible demostrar su culpabilidad; que no hay una absolución porque no hay sentencia, “solo” un sobreseimiento provisional; que ha quedado acreditada la mala praxis por el Informe que se empeñan en llamar del Colegio de Médicos…y en consecuencia, que no hay nada que rectificar.

Pero la realidad es que no hay una sentencia porque las sentencias son el final de un proceso y los procesos se inician cuando hay indicios de criminalidad en las actuaciones previas. La realidad es que, a pesar de toda la artillería empleada por el PP y sus acólitos, el auto del Juzgado nº 7 cierra el caso porque en las diligencias previas no se ha demostrado que las muertes fueran consecuencia de la sedación y ello, no porque no se hicieran autopsias, como también se dice para intoxicar, sino porque los pacientes estaban agonizando de su enfermedad terminal y es imposible achacar la muerte a otra causa. Imposible y, además innecesario, porque al admitir que la situación era terminal, agónica, el efecto acortador de la vida, que tienen reconocidos los fármacos, es admitido por todos los códigos éticos y deontológicos del mundo y, desde luego, por el del Colegio de Médicos de Madrid como hizo público al inicio del escándalo. Es cierto que el auto de sobreseimiento contenía la afirmación de que había existido mala praxis que el Juez consideraba probada por el informe llamado del Colegio de Médicos (en realidad, de un grupo de médicos elegidos a su libre criterio por la Presidenta del Colegio y que en ningún modo es la opinión de la Institución Colegial, como lo demuestra que no se ha iniciado ningún procedimiento disciplinario ante la supuesta mala praxis). Pues bien, esta acusación ha sido declara por la Audiencia como no demostrada y ha obligado a eliminar del auto cualquier referencia a mala praxis y, aunque les moleste al PP, el pronunciamiento de la Audiencia, que desmiente todas las acusaciones sufridas por los médicos de Leganés, es inapelable; es decir, definitivo.

Gracias a este caso, nos enteramos que para el PP uno es culpable aunque no se demuestre judicialmente, basta con que a ellos se lo parezca (o les interese que parezca).

El otro argumento que ha esgrimido el PP a raíz del cierre judicial, es tan obscenamente cínico que daría risa si no fuera un tema tan serio y doloroso; ahora pretenden que ellos no acusaron, ellos no denunciaron, ellos no persiguieron…que fueron Simancas y la ministra de Sanidad los que acusaron.

Superando las ganas de vomitar, es preciso decir que fue Lamela quien dio credibilidad y publicidad al anónimo, cesando a Montes, a pesar de que su propio viceconsejero le había informado por escrito que las acusaciones habían sido investigadas previamente y ”no había caso”; Lamela denunció ante la Fiscalía de Madrid; Lamela inventó un comité de expertos que afirmaron 73 casos de homicidios (según su informe, en estos casos la causa de la muerte era la sedación y no la enfermedad); fue Canalda, viceconsejero de Lamela, quien presentó la denuncia en el juzgado 7 de Leganés y se permitió aconsejar al juez que tomara medidas cautelares contra los acusados, es decir el apartamiento de sus puestos de trabajo (o tal vez la prisión preventiva); fue Lamela el que mintió, presentando el informe llamado del Colegio de Médicos como la confirmación del de sus expertos, aunque realmente lo desmentía por completo; finalmente, Esperanza Aguirre, que había nombrado a Lamela, la que respaldó sus actuaciones y se comprometió públicamente a restituir a los cesados si resultaba que se habían equivocado, claro que con la doctrina actual de que ellos no hicieron nada, no se acierta a comprender por qué ofrecieron retractarse de algo que no hicieron…

En fin, a desvergüenza no les gana nadie. Serán finalmente los tribunales de Justicia los que les pidan cuentas.

Fdo: Fernando Soler Grande
Médico del Severo Ochoa

PD: La Asociación Para La Defensa del Hospital Severo Ochoa tiene abierta la c.c.:

2100-1745-56-0200090640

en La Caixa, para recaudar fondos que permitan la acción judicial contra Lamela y sus secuaces.